2021 ha sido un año especial: el salto del año 2020 marcado por la pandemia a un retorno a cierta normalidad en nuestras vidas se ha trasladado también a la contratación pública. Un año en el que hemos encontrado cambios estructurales como que: 

• Los contratos supersimplificados (17,4% del total) y los basados en acuerdos marco (12,8%) han aumentado de manera considerable en el último año gracias a los cambios normativos que han incentivado su uso.
• Tras la irrupción del covid-19 y el consiguiente parón de la actividad económica de 2020, los contratos de obras empiezan a recuperar su peso en detrimento de la adquisición de suministros.
• Los ayuntamientos recuperan peso en la compra pública (37,8% de las adjudicaciones analizadas). Las comunidades autónomas todavía mantienen niveles superiores a los de 2019, posiblemente por la adquisición de productos sanitarios y la recuperación de la obra pública.
• El crecimiento de las adjudicaciones relacionadas con consultoría de ingeniería y construcción y servicios de arquitectura e ingeniería apuntan tanto a la planificación de futuras obras como a la necesidad de recurrir a jefes de proyectos externos para hacer seguimiento de las obras en curso.
• Casi 14.000 contratos se adjudicaron en diciembre de 2021, una cifra similar a los niveles previos a la pandemia. Este aumento de la compra pública podría deberse tanto a la recuperación de la actividad económica como a la llegada de los primeros fondos europeos.
• La inflación de precios ha comenzado a trasladarse a la compra pública en tres aspectos: un aumento de las licitaciones desiertas hasta cifras récord (más del 6% de los contratos de obras en el último trimestre), una pérdida de la capacidad de ahorro y una menor concurrencia de licitadores.

Pero lo realmente importante de 2021 es que es el año en que se configuran una serie de cambios que deben consolidar una contratación pública más ambiciosa en su relación con la sociedad. La capacidad de implementar políticas transformadoras a través de la compra y sus procesos, el ejercicio de la responsabilidad social y la consolidación de un modelo económico más competitivo e innovador son aspectos en los que el motor de la recuperación que será la acción pública tiene la oportunidad de crear un antes y un después. Para ello, como señalan nuestros expertos, es necesaria la integración de un modelo profesionalizado y flexible y un modelo ético que permita que la contratación haga todo lo posible por mejorar la situación económica  de España sin perder su papel de servicio público y vertebradora social.

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